El viernes por la noche después de extenuantes y largas disputas, escándalos y debates en los que los argumentos pertenecían al área de los valores humanos fundamentales como derechos, libertades y democracia, el parlamento, rodeado por centenares de manifestantes, aprobó definitivamente el presupuesto de la Seguridad Social pública para el año 2015 y la muy controvertida reforma de pensiones. Decir "definitivamente" es hasta cierto punto condicional ya que esto ocurrió después de que los promotores de la reforma, del gobernante partido GERB, de centro derechas, se vieron obligados a aceptar que la reforma, recién aprobada, será revisada de nuevo dentro de algún tiempo. Hay que mencionar también que la reforma fue adoptada después de recibir el GERB apoyo por parte de su rival irreconciliable, el Movimiento por Derechos y Libertades. La resistencia contra los cambios en el modelo de pensiones, elaborados apresuradamente y aprobados sólo por los sindicatos y los interlocutores sociales, fue exclusivamente fuerte durante toda la semana pasada. El ministro de Política Social, las organizaciones empresariales, los socios políticos de la coalición gobernante y el propio presidente de la nación, Rosen Plevneliev, no escondieron que consideran que las medidas son apresuradas, de consecuencias poco claras e incluso inaceptables. En realidad las controversias más fuertes fueron provocadas por la idea de dar a los asegurados el derecho de elegir sólo una vez si pagar sus cotizaciones a una segunda pensión obligatoria en uno de los diez fondos universales privados o en el gigante estatal, el Instituto de Seguridad Social. Los defensores de la reforma trataron demostrar que dar el derecho de elegir libremente es más democrático y muestra respeto por los derechos humanos. Los opositores argumentaron que esto era una forma escondida de nacionalización de las cotizaciones a una pensión adicional, ya que las empresas privadas no están en condiciones de competir con el gigante público.  En realidad se trata de unos 4000 millones de euros depositados por 3.3 millones de personas aseguradas en los fondos privados y la cuestión es en manos de quién parará este dinero. En la etapa actual los gobernantes parece que ganaron la lucha, pero no la guerra por ese dinero porque dentro de tres meses se prevé la elaboración y el debate sobre un paquete completo de medidas de reforma del sistema de pensiones, y que los cambios actuales pueden ser anulados por el Tribunal Constitucional. Esto significa que hemos de esperar una reforma de la reforma y que no hay nada claro, ni definitivo.