Después de que hace un mes, al precio de una ruptura con su propio ministro de Justicia, el partido gobernante GERB promoviera enmiendas a la Constitución,que atañen la estructura y la composición del Consejo Superior de la Judicatura, ahora este mismo partido reclama en declaración que este Consejo dimita, ya que se ha agotado la confianza en él, no puede desempeñar sus funciones conforme a la ley y se dedica a hacer intentos de traficar con influencia política, resolver intereses corporativos y económicos, y facilitar la invasión en el poder ejecutivo de círculos y centros del poder opacos. El pequeño socio de coalición del GERB, la coalición Bloque Reformista, se solidarizó con la reclamación, pero postergó en un día su reacción oficial, ya que en sus filas hay posturas que nos son unánimes.

La petición de dimisión del Consejo Superior de la Judicatura fue formulada un día antes de hacerse público el informe anual del CE sobre el progreso de Bulgaria en el sistema de Justicia e Interior. A juicio de muchos, los gobernantes, reclamando esta dimisión, desean que se mitiguen las nuevas críticas desde Bruselas a causa de la falta de progreso en la lucha contra la corrupción, el trabajo deficiente de la Fiscalía y la renuencia a investigar objetivamente toda una serie de escándalos de corrupción.

Sin embargo, las declaraciones de partidos no bastarán para la dimisión del Consejo Superior de la Judicatura puesto que, únicamente a él incumbe tomar una resolución para su disolución, ya que es un órgano independiente de los poderes legislativo y ejecutivo. La mitad de sus miembros la elige el Parlamento, pero, incluso si son instados a dimitir, la decisión es personal. La otra mitad de los miembros del Consejo la definen los jueces y fiscales que últimamente andan sumamente divididos y desgarrados por contradicciones. Si como resultado de la exhortación se llega a una dimisión, aparecerá en la agenda del día el tema de la elección de un Consejo nuevo. Si se disuelve ahora, su nueva composición deberá ser elegida con mandato de 5 años, según la ley del Poder Judicial vigente en el momento y, cuyas enmiendas se esperan en marzo.

¿No implicarán las futuras enmiendas a la ley nueva elección de un Consejo Superior de la Judicatura en primavera?

De la solución del problema con el Consejo Superior de la Judicatura depende en gran medida la evolución de la reforma judicial. En su declaración sobre la dimisión, el GERB llamó a consenso político, no por casualidad y con vistas a la más rápida realización de las enmiendas a la Ley de Poder Judicial y el Código Procesal Penal, como también exhortó a que sean aprobadas las leyes contra la corrupción y de lucha contra el terrorismo. Sin embargo, no hay consenso político ni siquiera sólo a nivel de gobernantes. En estos momentos, la oposición está preparando una moción de censura contra el Gobierno a causa del estado de la sanidad y, todo parece indicar que, en el seno de la mayoría gobernante hay discrepancias.

El Frente Patriótico que no forma parte de esta mayoría, pero le da apoyo parlamentario, manifestó, por ejemplo, que no apoyará la petición de dimisión del Consejo Superior de la Judicatura, ya que la concibe como una injerencia en el trabajo del sistema de Justicia. Semejantes interpretaciones se escucharon por parte de los miembros del propio Consejo Superior de la Judicatura y el ex ministro de Justicia, Jristo Ivanov, se declaró a favor de una dimisión colectiva. A juicio de Ivanov, esta dimisión ocultaría las responsabilidades personales de los miembros del Consejo Superior  de la Judicatura. En cambio, a los jueces y fiscales que libraron la difícil lucha contra las acciones de la mayoría criticadas por la CE se les deberá expresar agradecimiento en vez de pedirles dimitir.

Resumiendo la complejidad de la situación, Radan Kanev, líder de los Demócratas por una Bulgaria Fuerte, que recientemente abandonaron la coalición gobernante y se encuentran en la oposición, admitió que lo óptimo sería que junto con el actual Consejo Superior de la Judicatura se marchara la presente Legislatura “a la que incumbe la responsabilidad plena por los escandalosos fallos en el sistema de Justicia”. A juicio de Kanev, deben dimitir también el fiscal general y el presidente del Tribunal Supremo Administrativo, considerados arquitectos de la mayoría en el Consejo Superior de la Judicatura, mayoría que lo condujo a su deplorable estado actual. El asunto no es solo complejo, sino doloroso y, evidentemente, no admite dilación.

Versión en español por Hristina Taseva