En los últimos días, el sistema de Justicia de Bulgaria ha sido blanco de  numerosos reproches y críticas que le dirigían todos y que procedían de todas partes. Ha tenido que aguantar un alud de críticas, de cartas, informes, escándalos, acusaciones y explicaciones. Dicho resumidamente, todos, aparentemente, reconocen la necesidad y pretenden reformas rápidas y radicales que  todos en este país puedan sentir palpablemente.

Unas de las críticas más virulentas fueron recogidas en una carta de 10 Cámaras de Comercio occidentales que, a comienzos de la semana, fue  remitida al primer ministro de Bulgaria, Boyko Borisov. En la misiva, los empresarios occidentales reclamaban una reforma efectiva en el sistema de Justicia y una primacía de la ley, realmente operante en el país. Esta carta, sin precedentes, repitió, de hecho, los aspectos  esenciales de la aparentemente aprobada en forma oficial por las autoridades búlgaras, Estrategia para el Fomento de la Reforma judicial, las cuales no dejan de asegurar que, aunque lenta y vacilantemente, van avanzando en su cumplimiento. Es evidente, sin embargo, que los inversionistas occidentales tienen una opinión distinta y que su valoración es que hasta ahora no se ha hecho nada sustancial con vistas a cambiar la situación en el terreno de la Justicia.

Boyko Borisov no ofreció una respuesta personal a las violentas críticas de los empresarios de occidente, pero encomendó esta tarea muy delicada  y ardua a su hombre de confianza Tomislav Donchev, viceprimer ministro de Política Económica, a Rumiana Bachvarova, viceprimera ministra y titular del Interior, y a Ekaterina Zajarieva, ministra de Justicia. Este nivel extraordinariamente alto de las personalidades oficiales búlgaras, a las cuales se ha asignado la misión de responder a las acusaciones, habla de por sí sobre la importancia que las autoridades búlgaras han otorgado a la airada carta de los inversionistas y sobre las preocupaciones que aquéllas sienten frente al descontento de éstos. En realidad, durante la propia reunión de los hombres de negocios y las autoridades no se dijo ni se prometió algo nuevo, ni distinto de las aseveraciones ya manidas de que sí se hacían reformas. Al asegurar por enésima vez que el Gobierno se encuentra firmemente decidido a cambiar la situación en el sistema de Justicia, las autoridades pretendían no sólo generar serenidad en los círculos de negocios extranjeros, sino también emitir una última señal de buena voluntad a Bruselas donde, sólo dos días después, vería la luz el nuevo informe de la CE sobre la situación relacionada con la seguridad y la justicia en Bulgaria. Las autoridades búlgaras tenían sobrados fundamentos para ello, ya que, aún antes de hacerse público el informe, varias fuentes  fidedignas señalaban que el mismo recogería críticas muy fuertes a Bulgaria. Luego, resultó que era precisamente así y que la acción de publicidad que debería haber sido la reunión con los empresarios occidentales no había sido suficiente para mitigar y matizar las valoraciones y las recomendaciones de la Comisión Europea.

Así, en sólo una semana, Bulgaria se vio forzada por dos de las instituciones más prestigiosas a asumir  su responsabilidad por la inexistencia de cualquier avance en las reformas en el terreno de la Justicia. Tanto los empresarios de occidente como la Comisión Europea han prometido su asistencia. Así, los empresarios extranjeros instalados en Bulgaria aportarán sus propuestas para cambios en las leyes, y la CE enviará a Bulgaria expertos que analicen los problemas y formulen soluciones.

El poder judicial en Bulgaria fue el único que no vio nada preocupante en las críticas masivas y siguió dedicándose a complós y polémicas personales buscando a culpables en cualquier otra esfera, excepto en  su propio seno. Así, una vez más, el  poder judicial ha echado la sombra de la duda sobre las intenciones, de por sí buenas, de realizar reformas.

Versión en español por Mijail Mijailov