Un tribunal en la ciudad búlgara de Burgás confirmó la sanción de arresto domiciliario, impuesta hace una decena de días al joven búlgaro Petar Nizamov, alias Pérata, quien había cobrado fama por un clip en Facebook el cual muestra cómo Petar, presidiendo un destacamento de caza migrantes, de una decena de integrantes, efectuaba la “detención civil” de tres afganos que habían cruzado ilegalmente la frontera búlgara.

Pérata asegura haber efectuado la detención movido por  ánimos patrióticos, mientras que el tribunal alega que su fin no era el de proteger la frontera estatal. En un primer comentario sobre el tema, el primer ministro, Boyko Borisov, elogió espontáneamente la actuación de este destacamento, aunque también exhortó a los integrantes de éste a no excederse en el ejercicio de sus derechos. La filial búlgara de la Helsinki Watch instó al Ministerio del Interior a abstenerse de alentar a organizaciones nacionalistas que formen destacamentos a lo largo de la frontera. La medida, llamada “arresto civil”, realmente existe en el derecho búlgaro pero, a juicio de juristas, es inaplicable con respecto a refugiados, aunque éstos hayan cruzado la frontera en forma ilegal. Un “arresto civil” semejante de un inmigrante provocó un escándalo en el seno de la sociedad búlgara a mediados del pasado mes de febrero. Tanto en aquella ocasión como ahora, quienes efectuaban tal arresto eran personas con antecedentes penales. Las reacciones públicas resultan contradictorias y oscilan desde la aceptación de los autores de los arrestos como integrantes de una guardia nacional que habría que legalizar, hasta llegar a calificarlos de sociópatas que se han arrogado funciones del Estado y a los cuales hay que mantener bajo control.

El que el “arresto civil” de refugiados sea una acción ilegal fue esclarecido ya al suceder tal caso en febrero. Ahora, dos meses después, Rumyana Bachvarova, ministra búlgara del Interior, ha calificado los “arrestos civiles” de refugiados como una “provocación hacia el poder”, la que se propone mostrar que el Estado no consigue domeñar la presión migratoria. Esto, según Bachvarova, no es cierto en absoluto, porque en 2015 se habían registrado 30 mil refugiados, mientras que a otros 100 mil no se les permitió cruzar la frontera, lo cual pone de relieve que las actuaciones de la Policía de Fronteras habian sido eficaces. Una parte del parlamentariamente representado Frente Patriótico, en la persona del partido VMRO, considera realmente que la Policía de Fronteras no consigue garantizar la inviolabilidad de la frontera búlgara, y por esto apoya a los destacamentos de voluntarios, a los cuales ofrece defensa a cargo de abogados frente a la actuación de la Fiscalía. Otra parte, empero, en la persona del Frente Nacional para la Salvación de Bulgaria, considera estos destacamentos como unas “ brigadas de delincuentes”. El Partido Socialista Búlgaro tampoco aprueba los “arrestos civiles” calificándolos de indicio de mal estado de la gestión del país y de la custodia del orden público. El derechista partido de los Demócratas por una Bulgaria Fuerte, reclama del Estado organizar una formación militar voluntaria de ciudadanos que deseen custodiar la frontera y actuar en nombre y por orden del Estado, cargando con una responsabilidad legal para así evitar auto iniciativas.

Por mucho que sea comentado este asunto, es innegable que, en última instancia, se trata sólo de dos casos escandalosos, pero esporádicos, antes que de un problema de gran escala en la frontera nacional. El Estado ha sido capaz de mantener una custodia eficaz de la frontera, cuando se produjo el pico de la crisis de refugiados, y no existen fundamentos para esperar que pueda aflojar esta custodia ahora cuando la presión migratoria se va reduciendo. De hecho, no hay necesidad de destacamentos de voluntarios ni de polémicas en torno a este asunto, sino que es preciso disponer de una política más clara y más ampliamente  compartida con respecto a la crisis migratoria.

Versión en español por Mijail Mijailov