En abril de 2015 el ex presidente galo, Nicolas Sarkozy, saludó jocosamente en París al primer ministro búlgaro, Boyko Borisov, calificándolo de “el político búlgaro más sobreviviente” que nunca pierde y siempre gana. En aquella ocasión Sarkozy posiblemente no llegaba a imaginar ni por un instante que, menos de año después, la valoración que había hecho de Borisov se fuera a confirmar.

Amenazado por el Frente Patriótico de que si no se rechazaba el veto presidencial sobre textos del Código Electoral, el Frente Patriótico dejaría de respaldar al Gobierno, Borisov cedió de sus posiciones públicas a favor del veto y su partido, GERB, votó en el Parlamento en contra de la sanción del jefe de Estado. Así quedaba confirmada no sólo la capacidad de Borisov de sobrevivir sino también la de poderlo conseguir a un precio alto. Y es que no cabe duda alguna de que el precio ha sido realmente elevado.

Rosen Plevneliev, presidente de Bulgaria, criticó al Parlamento de que al rechazar su veto a causa de intereses partidistas había apostado por la política de confrontación a expensas de la Constitución y de los derechos democráticos fundamentales de los ciudadanos y que por ello él recurriría al Tribunal Constitucional. Un asesor jurídico del jefe de Estado incluso se saltó los límites de la decencia manifestando en Facebook que el modo de pensar de los gobernantes en el Parlamento mostraba “trastornos mentales graves” y se reducía a las necesidades biológicas elementales de “asimilar y segregar”. Hasta ese momento en Bulgaria no se había producido una confrontación tan grave del poder presidencial con los poderes ejecutivo y legislativo a la vez.

El rechazo del veto ha provocado la ira también de los círculos no gubernamentales. La organización informal “Red de protesta”, creada en 2013 para encauzar el descontento popular contra el poder de la oligarquía y el gobierno “Oresharski” ahora exhorta a los gobernantes actuales a que dimitan por su inutilidad y por “librar una guerra contra la Constitución”.

También es elevado el precio por lo que ha ocurrido para el socio de coalición pequeño del GERB, el ala gobernante del Bloque Reformista. Bajo la presión del partido GERB y en aras de la integridad de la coalición esta formación también ha votado en contra del veto presidencial. Esto no sólo recrudece sus contradicciones con el ala opositora del Bloque Reformista, sino que también deja al ala gobernante del mismo muy mal parada ante los ojos de los búlgaros residentes en el extranjero, los cuales, en su grueso forman su electorado tradicional.

Lo que ha pasado tiene, sin embargo, no sólo lados negativos, sino también positivos para los gobernantes. La votación a favor o en contra del veto presidencial se consideraba también como una especie de prueba sobre la viabilidad de las mayorías dinámicas en el seno del Parlamento de Bulgaria tras haberse retirado de la gestión del país la formación izquierdista ABV.

El desenlace pone de manifiesto que, incluso sin los votos de ésta, los gobernantes tienen la capacidad de tomar decisiones por medio de unas mayorías cambiantes, formadas en función de los objetivos que se plantean. Esta fórmula de gestión ha resultado hasta ahora resistente a cualesquiera pruebas y, en el caso con el rechazo del veto del jefe de Estado, incluso ha hecho que se aproxime a la posición de los gobernantes el partido ultranacionalista Ataka que invariablemente se les venía oponiendo.

El partido GERB no oculta que el objetivo único del rechazo del veto ha sido rescatar al Gobierno. Ahora ya se organizarán nuevos debates en torno a las disposiciones del Código Electoral, impugnadas por el jefe de Estado, en el transcurso de los cuales los gobernantes intentarán mostrar que por la supervivencia del Ejecutivo habían sido dispuestos a pagar un precio alto, pero no un precio cualquiera. En todo caso, no un precio que limitara los derechos de los electores en el extranjero. Con vistas a ello y por medio del pretendido “perfeccionamiento” del Código Electoral, se espera que GERB, el Bloque Reformista y el Frente Patriótico autoricen que en todos los países en el extranjero sean abiertos hasta 35 colegios electorales como máximo. La condición para la apertura de tal ya será la existencia de 60 solicitudes para votar, cifra inferior a la exigencia actualmente vigente de 100.

Como mencionábamos, el jefe de Estado deberá recurrir próximamente al Tribunal Constitucional. Quedan 5 meses hasta la celebración de las elecciones presidenciales, y la saga de las enmiendas al Código Electoral aún no ha concluido.

Versión en español por Mijail Mijailov