Inesperadamente, durante el paréntesis político veraniego, la extradición de un ciudadano turco de Bulgaria ha provocado tensión entre las instituciones. El extraditado, Abdullah Buyuk, está siendo considerado por las autoridades turcas un correligionario de Fethullah Gulen, residente en EE.UU y definido por Ankara como organizador de la intentona golpista del pasado 15 de julio. La parte turca había reclamado la extradición de Buyuk ya antes del fallido golpe de Estado, alegando que el mismo era investigado por terrorismo y blanqueo de dinero. La parte búlgara, empero, no atendió aquella petición y el Tribunal de Apelación de Sofía la rechazó definitivamente en marzo. Mientras tanto, a finales de febrero, Buyuk había cursado a la presidencia de Bulgaria la solicitud de obtención de asilo político. Este asilo, sin embargo, le fue denegado el 27 de julio, o sea, 12 días tras producirse la asonada. Mientras Buyuk se encontraba aguardando una respuesta a su solicitud de asilo, el plazo de tres meses para su estancia legal en Bulgaria había expirado y así Abdullah Buyuk quedó detenido, por tener documentos irregulares, en “registro rutinario” del Ministerio del Interior. Luego se produjo su entrega inmediata a las autoridades turcas en el puesto fronterizo de Kapicule sin que Buyuk tuviera la posibilidad de recurrir la medida. Cabe recordar que por similar omisión Bulgaria ya ha sido sancionada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Ha resultado así que una solicitud de Turquía, rechazada por un fallo judicial, ha sido satisfecha por medio de una medida administrativa del poder ejecutivo. Juristas aseguran que en virtud de un acta judicial entrada en vigor, por medio de la cual, la negativa de extradición estaba argumentada con el peligro de que en Turquía Buyuk fuera objeto de acciones en contradicción con los derechos fundamentales, su entrega por las autoridades búlgaras había sido incorrecta. El abogado defensor de derechos humanos, Mijail Ekimdzhiev, hasta llegó a calificar la tramitación de la entrega de un secuestro mafioso. Maya Manolova, Defensora del Pueblo comentó por su parte que al expulsar inmediatamente al ciudadano turco de Bulgaria sin ofrecérsele la oportunidad de recurrir la medida ante el tribunal, el Ministerio del Interior había violado el derecho internacional, la Constitución de Bulgaria y la Ley de Extranjería. Ha insistido en que este ministerio ya comience a cumplir con su compromiso legal de informar al defensor del pueblo y a las organizaciones de defensa de los derechos humanos sobre la adopción de similares medidas administrativas. Las circunstancias en medio de las cuales transcurrió la extradición han generado sospechas de que el ciudadano turco haya sido extraditado a cambio de promesas por parte de Ankara de que no dejará pasar a refugiados a Bulgaria, o bien, a cambio de la devolución a Bulgaria de un ciudadano turco prófugo acusado de provocar la muerte de dos motoristas búlgaros.

El Ministerio del Interior rechazó estas sospechas y aseguró que la extradición había sido coordinada con la Interpol y que había obedecido a consideraciones relacionadas con la seguridad nacional. En un intento por minimizar el caso, un funcionario oficial de este ministerio ha destacado que en lo que va de año, por medio de los mismos trámites a Turquía, le habían sido entregados otros 31 ciudadanos suyos y que de Bulgaria habían sido expulsados más de 500 extranjeros. Lo que este funcionario omitió de precisar era si, también como Gulen, esas personas eran objeto de acusaciones políticas en su patria y por tal motivo podían motivar una negativa judicial para su extradición.

El caso ya se va politizando y el potencial para ello reside en el propio hecho de que, inmediatamente antes de la extradición, el ministro turco de Exteriores, Mevlut Cavusoglu, llegaba a declarar que habrá extradición a pesar de la negativa oficial del tribunal. Fuerzas interesadas en un cambio de las relaciones con Turquía no faltan en Bulgaria, aún se encuentra muy fresco el recuerdo del intento de llevar al Parlamento, para debate, el fallido golpe de Estado y, además, se aproxima una reñida campaña electoral en Bulgaria.

Mientras tanto, el caso Buyuk ha tenido también una repercusión internacional. En mitin multitudinario, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha señalado a Bulgaria como país que ha respetado las peticiones turcas y ha entregado a una persona buscada por involucrada en la intentona golpista. Es un ejemplo que Grecia hasta ahora se resiste a imitar y desatiénde la petición para la extradición de militares turcos que pidieron asilo en el país heleno tras el golpe de Estado. Los EE.UU. tampoco acceden a extraditar a Fethullah Gulen.

Aunque sin establecer una relación con el caso “Buyuk”, Zeid Ra´ad al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, acusó a Sofía de violaciones sistemáticas de los derechos humanos al criminalizar las acciones de los migrantes y destaco que, la política de Bulgaria genera recelos graves sobre el acato del derecho internacional en el país.

Siempre sin establecer una vinculación con el caso concreto, el primer ministro búlgaro, Boyko Borisov, ha manifestado por su parte que su meta es hacer que Turquía ofrezca a Bulgaria un trato distinto al que dispensa al resto de los países de Europa porque si Turquía dejara de ser reconocida como país seguro para los migrantes, se transformaría en tal la vecina Bulgaria a la cual serían devueltos de 400 a 500 mil migrantes.

En tal caso, en virtud de acuerdos internacionales en vigor, de Europa Occidental serán devueltos a Bulgaria de 400  a 500 mil migrantes, para los cuales este país carece de potencial de acogida.

Versión en español por Mijail Mijailov