La Fiscalía dictaminó el pasado día martes la detención de Yancho Yanev, director ejecutivo de la Agencia de Pesca y Acuiculturas y de otras dos personas por abusos con recursos europeos y manejo de datos falsos. El caso es grave no sólo porque la Agencia gestiona un presupuesto de 113 millones de euros, sino también por haberse producido en la misma toda una sarta de escándalos aún antes de la designación de su hasta ahora director.

Dos días antes del arresto de Yanev la Fiscalía reclamó retirar la inmunidad a Delian Dobrev, presidente de la Comisión Parlamentaria de Energía, al acusarlo de que, como ministro de Energía en el primer gobierno de Boiko Borisov, habría provocado intencionadamente daños y perjuicios por valor de más de 4,5 millones de Euros a la Compañía Nacional de Electricidad, CNE. Se le considera responsable de no haber suspendido el contrato con la compañía Parsons suscrito para servicios de asesoría sobre el proyecto, después de haber suspendido el Ejecutivo y el Parlamento, en marzo de 2013, el proyecto sobre la planta nuclear de Bélene. Siempre en relación con este proyecto, pero una semana antes, la Fiscalía formulaba cargos también contra Liubomir Velkov y Mardik Papazian, ex directores ejecutivos de la CNE por daños infligidos del orden de más de 77 millones de euros, en relación con la venta del viejo reactor de la planta de Bélene. Por no haber ejercido control sobre los mismos se ha convertido en acusado también Petar Dimitrov, ex ministro de Energía y Economía en el Gabinete de Serguey Stanishev. En octubre el mismo ha sido objeto de sanciones junto con otros dos ex ministros por el Partido Socialista Búlgaro y fue destituido de su puesto de integrante del Consejo Directivo de la empresa estatal de Residuos Radiactivos. El ex ministro de Energía, Rumen Ovcharov, fue apartado de la junta directiva de la refinería Lukoil-Neftochim, y el ex ministro de Construcciones, Asen Gagaúzov quedaba destituido de su cargo de representante del Holding de Energía de Bulgaria ante la compañía I.C.G.B, contratada en relación con las obras de construcción del interconector gasístico entre Bulgaria y Grecia.

Se asegura que en todos y cada uno de estos casos de búsqueda de responsabilidad de los convictos no existen motivos políticos y se alega a favor de esto que entre las personas sancionadas hay no sólo socialistas, sino también dirigentes encumbrados, nombrados por el partido gobernante GERB. En respaldo a la tesis sobre la inexistencia de una motivación política se aduce, asimismo, la circunstancia de que los cargos no los formula el Poder Ejecutivo, sino la Fiscalía y que no son atacadas resoluciones de índole política, sino irregularidades financieras. Sin embargo, no todos suscriben esta opinión. Petar Dimitrov, por ejemplo, considera que el haber sido inculpado por la Fiscalía como ministro obedece a objetivos preelectorales. Además, el propio Delian Dobrev, por el partido GERB, otro de los acusados, confiesa que tanto Dimitrov como Ovcharov han sido apartados de sus funciones en empresas públicas por haber sido ambos ministros nombrados por el Partido Socialista Búlgaro.

También antes la opinión pública nacional ha tenido que ocuparse de acusaciones contra representantes de la Administración Pública, pero no recuerda ni un solo caso en que tales cargos hayan tenido por resultado sentencias dictadas. También ahora se esperarán sentencias condenatorias en base a las cuales se podrá juzgar cuál habrá sido la motivación genuina de las sanciones emprendidas. Lo que la gente espera, no sólo en Bulgaria, sino también en la UE, no son acciones ostentosas, sino sentencias condenatorias efectivas.

Versión en español por Mijail Mijailov