El miércoles el Parlamento aceptó la dimisión del Gobierno de Boiko Borisov, depositada inmediatamente después de las presidenciales en el país. El cambio en el poder ejecutivo se produce en un momento de extraordinaria complejidad. GERB, partido gobernante hasta ahora, se niega a formar un Gobierno nuevo en el marco de esta legislatura, y el Partido Socialista Búlgaro, fuerza opositora principal, ocupa idéntica posición. El jefe de Estado saliente, Rosen Plevneliev, no puede disolver el Parlamento ni convocar elecciones parlamentarias por encontrarse en los tres últimos meses de su mandato. Tampoco puede hacerlo el jefe de Estado recién electo, Rumen Radev, ya que éste aún no ha tomado posesión de su cargo.
El presidente actual tiene derecho a nombrar un gobierno interino pero en medio de la inédita situación creada en el país, ha acordado con el nuevo presidente la ratificación conjunta de su composición a fin de evitar que el nuevo presidente proceda a hacer cambios en el Gobierno en cuanto tome posesión de su cargo. Sin embargo, Bulgaria no sólo afronta la perspectiva de verse gobernada, al menos hasta abril de 2017, por el Gobierno interino en el mandato de dos jefes de Estado. Es que en este mismo período se deberán convocar elecciones parlamentarias anticipadas y hay necesidad de que este Parlamento, antes de irse, enmiende la legislación electoral en conformidad con los resultados del referendo nacional celebrado simultáneamente con los comicios presidenciales. No se trata de un cambio cualquiera, sino de la implementación de algún tipo de sistema electoral mayoritario. Apremiado por la extraordinaria complejidad de la situación, Rosen Plevneliev ha decidido convocar una reunión del Consejo Consultivo para la Seguridad Nacional, en la que también participe el flamante jefe de Estado, Rumen Radev.
Se suma a todas estas complicaciones también la violenta confrontación política en el país después de las elecciones presidenciales. Es una confrontación no sólo entre los gobernantes y la oposición, sino también entre los hasta ahora socios en la coalición gobernante −el partido GERB y el Bloque Reformista− y sus partidarios en el Parlamento por el Frente Patriótico. Se trata de una confrontación en medio de la cual hay que discutir no sólo el nuevo sistema electoral, sino también el proyecto de Presupuesto para 2017, depositado por el Gobierno dimisionario.
Se espera que los debates en torno al proyecto comiencen el viernes pero el Partido Socialista Búlgaro, el Movimiento de Derechos y Libertades y el Frente Patriótico están formulando desde ya objeciones importantes. Las impugnaciones resultan tan similares que algunos expertos están calificando esta resistencia de “frente común”, y son tan intransigentes que otros las llaman un “boicot” al proyecto. Llámese esta resistencia frente común, boicot u otra cosa, es evidente que los votos de los tres partidos citados no alcanzan para rechazar el proyecto en esta legislatura parlamentaria. Sin embargo, no se sabe qué peso tendrían estos mismos partidos en la próxima legislatura.
El jueves el presidente actual, Rosen Plevneliev, ha iniciado consultas políticas con la intención de frustrar la transformación de la crisis política en otra, parlamentaria. Antes de entregar mandatos para la formación de un gobierno nuevo en el marco de esta legislatura, el presidente conversará con todas las fuerzas parlamentarias para comprobar, primero, si es posible, en el marco de este Parlamento encontrar otra fórmula para un gobierno: segundo, de ser esto inviable, examinar fechas o período potencialmente razonables para elecciones y, tercero, ver qué más podría hacer el actual Parlamento antes de arribar a unas elecciones parlamentarias anticipadas, caso de llegarse a tales. Se puede decir, en resumen, que a finales de su mandato el actual jefe de Estado se enfrenta a unas tareas arduas.
Versión en español por Mijail Mijailov
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