Últimamente la opinión pública en Bulgaria se vio atraída por las noticias relativas a dos fenómenos interrelacionados. El primero es positivo: los sueldos de las personas contratadas no dejan de aumentar y el salario medio mensual en el país, a finales del año pasado, ha superado en un 10% el que se cobraba en 2016, alcanzando el monto de 560 euros. En el contexto europeo esto es extraordinariamente ínfimo y no por casualidad a Bulgaria se le conoce en el continente europeo como el país de los trabajadores y empleados peor retribuidos. El otro fenómeno resulta más bien preocupante y bastante difícil de explicar.

Se trata del aumento constante de los funcionarios de la Administración Pública, la cual, pese a los ultimátums del primer ministro Boiko Borisov de introducir urgentemente el gobierno electrónico, no deja de expandirse al tiempo que su cúpula va enriqueciéndose como nunca antes.

Actualmente están ocupadas en la Administración Pública 112 865 personas del total de los tres millones de búlgaros que trabajan. En un año el número de los funcionarios estatales y municipales ha aumentado en 2 287.A simple vista el incremento no es tan sustancial y un número tan reducido de burócratas no debería pesar tanto sobre las Finanzas Públicas de las que provienen sus sueldos. Si esto es así se podrá entender al ver los salarios que cobran los funcionarios públicos por los servicios no siempre de calidad que ofrecen a los contribuyentes. El salario medio de estos funcionarios es superior a la media nacional y frisa en los 600 euros mensuales, un aumento del 7,4% en comparación con el año anterior. Sin embargo, la Administración Pública no sólo que es numerosa sino también distinta tanto en lo tocante a sus funciones y responsabilidades como en lo que hace a la retribución por su trabajo de utilidad pública. Esto es válido en sumo grado para la élite de esta administración. Sus sueldos van ascendiendo seguros y van alcanzando los niveles de remuneración europeos, y la opulencia en que nada esta élite frecuentemente se convierte en una provocación frente a las prácticas europeas normales.

Un ejemplo palmario en este sentido son los ministros, los diputados y otros funcionarios de alto copete. El salario mensual bruto de un diputado, por ejemplo, asciende a 1800 euros. Si a ello agregamos los pluses por años de servicio, por participación en comisiones parlamentarias, el dinero para colaboradores y asesores, el salario del diputado abulta para ascender a casi 3000 euros. El sueldo percibido por el jefe de Estado asciende, con los pluses, a 6000 euros, y el primer ministro cobra 3600 euros.

A simple vista, nada de particular, habida cuenta de que el presidente de Francia, por ejemplo, cobra un salario mensual bruto de 15 mil euros, y el sueldo mínimo para un eurodiputado es de 12 826 euros mensuales. A los salarios brutos, sin embargo, hay que agregar prebendas como coche de servicio, vivienda de servicio, atención médica gratuita especial en el hospital gubernamental, los gastos pagados por transporte en el país y en el extranjero, las sumas en concepto de gastos representativos, etc.

Los problemas, empero, cobran sus dimensiones auténticas sobre el telón de fondo de las rentas de los ciudadanos de a pie y, sobre todo, de las personas en el retiro. El salario mínimo interprofesional en Bulgaria es de 260 euros, y la pensión media asciende a 165 euros. Sin sucumbir a la tentación de un populismo primitivo, no podremos dejar de ver el abismo financiero entre el ciudadano llano y la cúpula burocrática. Las cosas se vuelven más irritantes cuando se echa un vistazo también al estado material no sólo de los diputados sino también de los más encumbrados funcionarios del Estado.

Por ejemplo, el jefe de la no muy popular y desapercibida Comisión de Supervisión Financiera cobra, al mes, más de 7000 euros. Es que tales comisiones, agencias y comités las hay muchas y seguro que en ellas también son percibidos sueldos igualmente alto a expensas de los contribuyentes.

La opulencia de la élite provoca una irritación aún mayor sobre el telón de fondo de la corrupción generalizadas en las altas esferas del poder. Si realmente la venalidad de los funcionarios públicos de alto rango ha cobrado las escalas a las que se hacen referencias en la sociedad no se puede decir con precisión ya que todo se está haciendo sigilosamente. No obstante ello, tal es la convicción tanto de la Comisión Europea como de la mayoría de los ciudadanos llanos en Bulgaria.

No por casualidad, desde que Bulgaria accediera a miembro de la UE en 2007, este país viene siendo objeto de un monitoreo especial por parte de la CE que viene vigilando muy de cerca todas las medidas del poder que deberían combatir la corrupción. Todo parece indicar, empero, que unos éxitos especiales en este sentido no han sido notados en Bruselas puesto que este monitoreo se prolonga ya por más de 10 años, y a Bulgaria se le niega el acceso a Schengen precisamente con el argumento de que en este país la corrupción campa a sus anchas.

Alguien podrá argüir que los buenos sueldos en la Administración Pública podrían ser considerados como un freno a la corrupción de los burócratas. Puede que así sea pero no hay pruebas de ello ni hay tampoco indicios de que la corrupción se esté reduciendo. Todo esto provoca la indignación de la sociedad y los sondeos demoscópicos arrojan niveles estremecedores de desaprobación de las instituciones estatales y de los gobernantes, señalados por los electores, participantes en estas encuestas.

Versión en español por Mijail Mijailov