La Asamblea Nacional ha votado definitivamente enmiendas a raíz de las que se prevé una pena de prisión de 2 a 5 años para la transportación de pasajeros sin permiso, matriculación o licencia. El vehículo será confiscado a favor del Estado, independientemente de quién sea el propietario. Cuando el hecho sea cometido por dos o más personas que hayan pactado o hayan utilizado documentos falsos, la pena será de reclusión penitenciaria de 5 a 10 años y una multa de 2.500 a 7.500 euros, pudiendo el Tribunal ordenar la confiscación de hasta el 50% de los bienes de los culpables.

Durante los debates, el opositor Partido Socialista Búlgaro ha objetado e insistido en que se retiraran las disposiciones ya que prohíben los viajes compartidos. Los gobernantes lo han desestimado, informa la agencia de noticias BGNES.