Situar a los productores agrícolas en el centro de la planeada reforma de la política agrícola y seguir asignándoles ayuda financiera en iguales condiciones y procedimientos flexibilizados: esta idea está plasmada en los futuros planes de la Política Agrícola Común de la UE. En el periodo bianual de transición la comunidad de los agricultores puede aprovechar la posibilidad de participar en la definición de las prioridades.
Los agricultores búlgaros desean que esta política tome en consideración las características regionales de Bulgaria, ya que consideran que las condiciones en que trabajan los granjeros en Alemania y los de Bulgaria, por ejemplo, no son comparables . “Allí los granjeros son de quinta o sexta generación y ya disponen de todo lo que necesitan, mientras que en Bulgaria estos procesos apenas comienzan ahora”, dice en entrevista a la emisora regional de Radio Bulgaria en Burgas Iliya Prodanov, presidente de la Unión de Productores de Cereales Markeli.
“Lo que más nos preocupa es la forestación y hasta qué grado ésta afectará la producción. Al final puede resultar que para el país resulta más provechoso prescindir de los subsidios en vez de atenerse a la política verde. Nuestra mayor preocupación tiene que ver con los requisitos que se nos impondrán. No podemos utilizar pesticidas porque casi la mitad ya están prohibidos. Si nos imponen restricciones adicionales, el rendimiento disminuirá aún más. Dejaremos un 5% de tierras sin sembrar para recibir estos 5% de pagos verdes, pero entonces resultará que las granjas búlgaras serán poco competitivas”.
Es necesario un fluido periodo de transición, dice categórica Snezhana Blagoeva, ministra plenipotenciaria, directora del sector Agricultura y Pesca de la Política Agrícola Común en la representación permanente de Bulgaria en Bruselas. En sus palabras, para el Gobierno búlgaro es de importancia clave respaldar a los productores agrícolas durante el periodo de transición para que puedan contar con los medios europeos y nacionales al superar las dificultades.
El diputado europeo Asim Ademov, vicepresidente de la Comisión de Agricultura y Regiones Rurales (AGRI), llama la atención sobre la nueva definición de “granjero activo” mediante la cual se pone fin a viciosos modelos empresariales mediante los cuales se desvían subsidios europeos por personas y empresas vinculadas a estas personas, sin que tengan nada en común con la agricultura. Se ha votado un techo de los pagos hasta 100.000 euros por granja, dice Asim Ademov y explica:
“La definición engloba tres elementos: umbral mínimo para la actividad agrícola dentro de la producción económica total del granjero, preparación por parte del país-miembro de una lista negativa de beneficiarios de pagos directos y transparencia de las personas jurídicas, si la sociedad que obtiene los pagos es parte de un gran holding que desarrolla varias actividades agrícolas”.
Iliya Prodanov celebra este paso y precisa que los productores de cereales de su asociación desde hace años reclaman la implementación de la noción “granjero activo”.
“Esto es muy importante, ya que las empresas tradicionales que ya tienen su puesto en el mercado y que han invertido en la tierra que labran deben contar con algún tipo de protección. “Granjero activo” avala que nuestras empresas son las auténticas”.
En el marco del periodo de transición de 2 años, de 2021 a 2022, se asignarán 8 000 millones de euros a la Política Agrícola Común en la UE. Bulgaria recibirá más de 880 millones de euros de estos medios, de los cuales 200 millones de euros corren a cargo del Plan de Recuperación de Covid-19.
Versión en español de Hristina Táseva
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