“No hay datos sobre si a alguno de los cuatro policías que ejercieron violencia contra manifestantes el 10 de julio de 2020 se le ha impuesto responsabilidad penal o si ha sido incoado un procedimiento previo al juicio oral contra estos agentes. A cambio, han sido incoados procedimientos previos al juicio oral contra los ciudadanos agredidos”. Es lo que ha señalado el ministro del Interior interino de Bulgaria, Boyko Rashkov, durante su comparecencia ante la Asamblea Nacional, calificando como una “película de terror” las imágenes de mofa y agresión contra los ciudadanos.
El Ministro ha recordado que uno de los jóvenes golpeados perdió la conciencia por cierto tiempo, un estado que es peligroso para la vida y es clasificado por el Código Penal como moderada lesión corporal. “Los policías no solo abusaron de sus poderes, sus acciones están al borde del crimen”, ha agregado Rashkov, y ha instado al ministro del Interior que ocupaba el cargo en aquel momento a que diga si la grabación fue ocultada. Rashkov ha explicado que la grabación se conservaba en еl Servicio Nacional de Seguridad y una semana después de lo ocurrido fue reclamada por la Dirección Capitalina de Asuntos del Interior. “Todo se sabía en aquel momento”, ha concluido el Ministro. En sus palabras, hubo una investigación, pero ésta terminó sin resultado, ya que la Dirección Capitalina de Asuntos del Interior se investigó a sí misma.
Después de escuchar a Boyko Rashkov, el Parlamento ha aprobado una declaración condenando la violencia policial contra los manifestantes en 2020 y ha reclamado al fiscal general, Iván Guehev, a presentar un informe sobre las acciones del Ministerio Público durante las protestas. El informe debe ser presentado para el 20 de agosto.
En los pasillos del Parlamento el exministro del Interior, Mladén Marinov, se ha disculpado por la brutalidad policial, y ha agregado que en su momento había ordenado una inspección en base a vídeos, probablemente grabados por los manifestantes.La Asamblea Nacional (el Parlamento) ha introducido una nueva obligación para las empresas estatales de implementar sistemas de gestión del riesgo de corrupción, incluyendo el nombramiento de un oficial de integridad. La medida fue recomendada por la..
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