Cuatro organizaciones de pacientes han insistido en que se diseñe un Programa Nacional de Examen de la Población de Células T, el cual, a juicio de los especialistas, es la única manera de comprobar la protección duradera contra el coronavirus. Según los últimos datos, un 20% de los habitantes del país han sido vacunados y a juicio de la Comisión de Protección contra la Discriminación la implementación del Certificado Verde limita el acceso a servicios, libre circulación, ejercicio del derecho a trabajar y otros derechos. Por esta razón las organizaciones de pacientes recomiendan que el Estado compre tests de antígenos que garantizan un control regular y eficiente de la incidencia del virus. Comparte la misma postura la Asociación de Establecimientos Gastronómicos que en una carta abierta a las instituciones propone que el Certificado Verde se expida a base de una prueba de antígenos, siguiendo el ejemplo de Austria. La implementación de Certificado Verde para los profesores causará una crisis en el sistema de educación que corre el riesgo de verse privado de profesores. Las restricciones obligarán a profesores y restauradores a emprender acciones de protesta, advierten los afectados.