Ha expirado la prórroga que el Ministerio de Sanidad dio la semana pasada para la adquisición de un Certificado Verde. Desde hoy sin este documento se podrá entrar solamente en las tiendas de alimentos, los bancos, las farmacias, las instituciones públicas y en el consultorio del médico. Para el resto de los recintos donde es posible que se acumulen personas el Certificado es obligatorio tanto para los empleados como para los clientes. Los infractores serán multados.

Hoy en diferentes ciudades búlgaras se esperan protestas de ciudadanos descontentos por las nuevas medidas. Los motivos de la protesta son la limitación de los derechos humanos y los recelos de efectos secundarios provocados por la vacuna. A pesar de esto, en los últimos días se nota un elevado interés por la inmunización, pero muchos búlgaros comentan que se han visto forzados a vacunarse para conservar sus empleos. 

“El requisito de posesión de Certificado Verde desata las manos de los empleadores para ejercer una presión disimulada sobre las enfermeras. Algunas de ellas se han mostrado dispuestas a dimitir. Esta presión viola básicos derechos constitucionales”, ha señalado en una entrevista para Radio Nacional de Bulgaria la enfermera Maya Ilieva, presidenta del Sindicato de las Enfermeras Búlgaras y organizadora de las protestas del sector. En sus palabras, el hecho de que en Europa el personal sanitario está obligado a vacunarse no significa que esto sea correcto.

El Certificado Verde es más bien un medio para medir hasta dónde ha llegado la cubertura de la inmunización entre la población. Este análisis tenía que desarrollarse a base del testeo gratuito de los ciudadanos que por razones personales no desean vacunarse o de las personas que han pasado la enfermedad recientemente, ha comentado la abogada María Petrova, experta en derecho médico.

“Las personas deben saber que nadie puede ser despedido por no haber presentado Certificado Verde. Sin embargo, cabe preguntarse, si no somos admitidos en nuestro puesto de trabajo ¿significa que hemos renunciado a trabajar por voluntad propia? Hace falta una recomendación del Ministerio de Trabajo y Política Social para saber cómo reaccionar en casos similares. De momento ha sido resuelto que estas personas salgan de vacaciones no retribuidas  pero esta no es la salida más humana de la situación”. 

La manera de la cual han sido implementadas las medidas es bastante reprochable ya que afecta los derechos y los intereses de un amplio círculo de ciudadanos y personas jurídicas, sin dárseles un plazo prudente para orientarse en consideración la nueva situación, opina Borislav Tsekov, jurista y doctor de derecho constitucional.

“Por otro lado esta medida parece casi incumplible, ya que el Estado es incapaz de ejercer control sistemático sobre los miles de establecimientos. ¿Se vigila si los certificados presentados pertenecen a las respectivas personas o a otros? Nadie excepto la Policía puede exigirle a alguien que le muestre su tarjeta de identidad”, opina el doctor Tsekov y agrega que el Estado no puede ser sentenciado ante el Tribunal de Estrasburgo porque ya es posible que cada país tome una resolución soberana de implementar distintas medidas en la lucha contra la pandemia, incluida la vacunación obligatoria. 

“Un 50% de los artistas búlgaros han sido vacunados”, ha manifestado en entrevista en Radio Nacional de Bulgaria el presidente de la Unión de Artistas Búlgaros, Jristo Mutafchiev. 

“Este Certificado Verde crea caos en los espectáculos teatrales planeados, ya que algunos de éstos han sido vendidos hace meses. Por no poseer Certificado Verde, una gran parte de los espectadores quieren devolver las entradas y recuperar el dinero pagado”. 

“Probablemente estos Certificados sean útiles, pero uno debe tener el derecho de hacer una elección personal”, ha comentado el vicepresidente de la Unión de Hosteleros y Restauradores en Blagoevgrad, Vasil Dimitrov.

A juicio de Vasil Dimitrov, el Estado ha desaprovechado la posibilidad de desarrollar una campaña activa durante el verano para motivar a los ciudadanos a vacunarse. En vez de esto han predominado los mensajes contra la vacunación y esto ha ha provocado las dificultades actuales en distintos sectores porque éstos deben contar con la presencia de clientes que pertenecen a un 20% de la población. 

El jefe de Estado, Rumen Radev, ha calificado como inaceptable el hecho de que las personas que por distintas causas no desean vacunarse deban pagar casi 40 euros cada semana para realizarse test rápidos con el fin de obtener un documento válido las 48 horas. Durante una reunión mantenida durante el fin de semana con los ministros interinos, Rumen Radev ha apoyado las medidas, pero ha llamado a que se proceda al suministro de test rápidos para los cuales los empleados deberán pagar solamente la manipulación. 

Versión al español de Hristina Táseva

Fotos: BGNES, Facebook/ María Petrova