Más de 109.000 personas en nuestro país no cuentan con documento de identidad, según declaró ante BNR la abogada Diana Dragieva, del programa de protección legal del Comité de Helsinki de Bulgaria. Las direcciones de cientos de personas se eliminan del registro con la eliminación de edificios ilegales, y cuando el sistema del Ministerio del Interior muestra una dirección inválida o eliminada, se niega a emitir un documento personal. Un gran número de estas personas terminan en albergues para personas sin hogar, privados de su identidad civil, sin acceso a los servicios de salud, sociales y administrativos, dijo la abogada.

Según afirma, las personas con una dirección eliminada están obligadas a proporcionar una nueva, y si no lo hacen se enfrentan a una multa. Por lo tanto, se ven obligados, a menudo al margen de la ley, a registrarse en algún lugar. “Sin la intervención de los políticos, estas prácticas administrativas ilegales continuarán”, dijo categóricamente la abogada Diana Dragieva.