Las empresas públicas deberán implementar un sistema de gestión de riesgos de corrupción. Contarán con un responsable de integridad, según las enmiendas a la Ley de Empresas Públicas aprobadas en primera lectura. Las enmiendas presentadas por GERB-CDC fueron aprobadas con 105 votos a favor, 42 en contra y 19 abstenciones.
El proyecto de ley introduce la obligación de implementar sistemas de gestión de riesgos de corrupción en las empresas estatales, en cumplimiento de una recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y como parte de las medidas previstas en el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Los sistemas de gestión de riesgos de corrupción abarcan la selección de altos cargos, medidas para prevenir conflictos de interés, una metodología para evaluar y controlar los riesgos de corrupción, y capacitación en ética e integridad para los empleados.
Redactor Ivo Ivanov
Traducido y publicado por Vladislav Púnchev
Foto: BTA
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