La Asamblea Nacional (el Parlamento) ha introducido una nueva obligación para las empresas estatales de implementar sistemas de gestión del riesgo de corrupción, incluyendo el nombramiento de un oficial de integridad. La medida fue recomendada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y forma parte del Plan Nacional de Recuperación y Sostenibilidad robado por la UE. El cambio fue finalmente aprobado en segunda lectura y está incorporado a la Ley de Empresas Públicas.

Los sistemas de gestión del riesgo de corrupción abarcan la selección de altos funcionarios, medidas contra los conflictos de intereses, una metodología para la evaluación y el control de los riesgos de corrupción, formación en ética e integridad para los empleados y la creación de la figura del oficial de integridad. Los cambios amplían las competencias de la Agencia para las Empresas Públicas y su Control.

Redactora Ivo Ivanov

Traducido y publicado por Vladislav Púnchev 

Fotos: BTA