Bulgaria está en la cola de la UE por el respeto de los derechos laborales fundamentales garantizados por la legislación estatal. Esta es la conclusión del presidente de la Confederación de Sindicaos Independientes en Bulgaria (CSIB), Plamen Dimitrov, quien presentó el tercer informe anual consecutivo del sindicato sobre las tendencias en la desconsideración de los derechos laborales en nuestro país. Por el nivel de desconsideración de los derechos a escala mundial, Bulgaria se encuentra en la dorada medianía, según el Índice Global de la Confederación Sindical Internacional, informó el líder sindical. Según el análisis internacional, hecho público recientemente, nosotros estamos en el tercer grupo en el que se encuentran cuatro países de la UE –España, Gran Bretaña, Polonia y Hungría–. La más alta violación de los derechos laborales se da en Rumanía y Moldavia. La clasificación abarca 142 países de todo el mundo. La gente en Bulgaria ya busca sus derechos con más frecuencia, constata Plamen Dimitrov y pone como objetivo del sindicato bajar el umbral de tolerancia de los trabajadores en los casos en que son violados sus derechos laborales.

El problema con los salarios no pagados a los trabajadores, que fue planteado ante la CSIB el año pasado tiene un desarrollo positivo aunque sigue siendo principal, según los sindicalistas. En el informe anual de la CSIB para 2017 se marca que hay un crecimiento de las detectadas remuneraciones retardadas que en 2017 son pocas –más de 28 millones de levas–, siendo las mismas en 2016: 21 millones de levas. También se refleja un crecimiento de la suma correspondiente a las remuneraciones pagadas –de unos 19 millones de levas en 2017, 16 millones de levas en 2016–. De la CSIB señalan que la suma más alta de las detectadas remuneraciones retrasadas se genera principalmente por dos compañías que se hicieron públicas por las protestas a principios de este año. Actualmente estas compañías no operan. Las remuneraciones que éstas deben ascienden a 3 millones 500 mil levas. Otra causa de la mayor cantidad de remuneraciones retrasadas son las enmiendas legislativas emprendidas con el propósito de conseguir una mejor protección de los derechos y de los pagos a los trabajadores. Por su esencia esto es un acto de antisindicalismo que desacredita el diálogo social y el contrato colectivo de trabajo y crea problemas en el lugar donde se materializa este contrato. El derecho al contrato colectivo de trabajo es otra batalla más que aún no hemos ganado y debemos recorrer este camino –dicen los sindicalistas de la CSIB–. Ellos ven acciones premeditadas antisindicalistas en las organizaciones de empleadores que se proponen desacreditar el diálogo social, el derecho de asociarse y el derecho al contrato colectivo de trabajo con la intermediación de los sindicatos.

Chavdar Jristov, vicepresidente de la Confederación de Sindicaos Independientes en Bulgaria añade:

En nuestro informe enfocamos la atención en la sociedad, en nuestra organización, en los órganos estatales, en los poderes legislativo y ejecutivo, en aquellos problemas de la legislación que esperamos que tarde o temprano sean resueltos. De esta manera estuvimos esperando 8 años que el derecho a la huelga sea un hecho para los funcionarios estatales y ahora sí que es un hecho. Ojalá reduzcamos el período sobre el contrato colectivo de trabajo para los funcionarios estatales.

Versión español por Ludmila Sávova